Los directores de centros valoran la medida, pero reprochan que no se les haya consultado sobre las normas que ellos ya venían aplicando y las familias cuestionan que no se dé la misma celeridad a problemas históricos como la bajada de ratio en las aulas
Los alumnos andaluces no podrán utilizar su teléfono móvil durante la jornada escolar y se les podrá requisar si incumplen con esa limitación. Así ha quedado establecido a través de una instrucción que el pasado lunes se remitió a todos los centros educativos desde la Consejería de Desarrollo Educativo. Las indicaciones han sido recibidas de manera positiva por sus directores y las asociaciones de padres, que lo consideran un refuerzo institucional para las regulaciones al respecto que ya aplican todos los colegios e institutos, pero reprochan que no se haya contado previamente con ellos para poder incorporar sus propuestas e inquietudes derivadas precisamente del tiempo que llevan aplicando sus propias medidas. También se cuestiona que no se aborden de una manera tan acelerada otros problemas que les preocupan como la reducción de ratio en las aulas.
El documento —que deben incorporar todos los centros― ordena la limitación del uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar, que se entiende como el horario lectivo, tiempo de recreo y las actividades complementarias y extraescolares, con la excepción de que “esté expresamente previsto en le proyecto educativo […] con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos debidamente justificados”. También se excluye de la limitación “al alumnado que lo requiera atendiendo a sus circunstancias personales que tendrán que ser debidamente acreditadas ante la dirección del centro”. Entre las medidas correctoras que propone la instrucción, únicamente se alude a la opción de “retirar al alumnado los dispositivos móviles” y se precisa que deberá hacerse en dependencias administrativas o del equipo directivo del centro y en presencia de “al menos dos de sus miembros”. El aparato requisado deberá guardarse “en el despacho de la dirección del centro que procederá a su custodia hasta que sea devuelto a los representantes legales del alumnado”.
“La instrucción viene a reforzar lo que teníamos recogido en nuestro reglamento interno, pero al ser una normativa formal de la Junta, tenemos más respaldo”, sostiene Sonsoles Salazar, directora del CEIP José María del Campo. La responsable de este colegio del barrio sevillano de Triana reconoce que en Primaria el uso del móvil se ha convertido en un problema y cita su mal uso durante el comedor o en casos como la grabación de los profesores con relojes inteligentes. “Hubiera sido ideal que se hubiera tenido en cuenta nuestra experiencia con nuestras propias normas, porque en Primaria los problemas son distintos, es más importante la prevención y la formación a las familias”, sostiene Jorge Delgado, presidente de la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros de Infantil y Primaria (Asadipre). “La instrucción nos cubre las espaldas, aunque esperamos un mayor desarrollo en el futuro”, añade.
Los problemas derivados del uso del móvil son una realidad también entre los alumnos más mayores, sobre todo los que cursan Bachillerato, como reconoce Virginia Rodríguez, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Andalucía (ADIAN), quien, como en el caso de Salazar, considera positivo que desde la Junta “se respalde con una normativa específica concreta el uso de los dispositivos móviles que ya teníamos regulados en nuestros centros en función de nuestra realidad y experiencia”.
Como opina Delgado, precisamente es ese aprendizaje acumulado el que echa de menos en la formulación de la instrucción. “Podría haber sido más operativa si previamente nos hubieran consultado para consensuar un texto en el que podríamos haber hecho aportaciones de acuerdo con lo que nosotros sabemos, porque nosotros tenemos detectado dónde está el problema”, señala Rodríguez. Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo indican que la instrucción se complementará con un dictamen del Consejo Escolar de Andalucía con las propuestas que se debatan con sindicatos y familias en ese foro, cuya fecha se prevé fijar durante el primer trimestre del año que viene.
Rodríguez también llama la atención sobre la falta de concreción del texto de la instrucción en puntos como no dejar claro si la limitación incluye la prohibición o no de que los móviles se lleven al colegio, pero ser extremadamente precisos en la retirada de los dispositivos. “Se indica que tiene que ser en presencia de dos miembros del equipo directivo, y muchas veces no hay dos personas de la dirección de guardia a la vez, por lo que entendemos que esta medida nos puede cargar de trabajo. Tendremos que ver cómo incorporamos esta medida”, señala.
Formar a las familias
Salazar ha rebotado la instrucción a los padres y madres del colegio para que estén al tanto. Los directores consultados reconocen que en general las familias entienden y acatan las restricciones del uso de los móviles reguladas en la normativa del centro. “Estas medidas están incluidas en los reglamentos de organización y funcionamiento de los centros y en sus planes de convivencia, son documentos que se tratan y debaten en los consejos escolares donde estamos representadas las familias”, indica Marina Jiménez, presidenta de CODAPA, la organización que representa a todas las Ampas de Andalucía. Sin restarle relevancia a la iniciativa de la Junta, Jiménez reclama que estas medidas “vayan acompañadas de un proceso de reflexión real”.
Jiménez considera que el Gobierno andaluz ha actuado más movido por el debate sobre el uso de los móviles que se ha suscitado recientemente en los medios de comunicación, más que por las verdaderas necesidades que reclama en Andalucía la comunidad educativa. “Nos parece bien que esa inquietud alimentada en redes sociales se traslade al Parlamento autonómico, pero hay otros debates históricos que nos interesan y que llevamos tiempo reclamando como la rebaja de la ratio en las aulas, que llegó al Parlamento como una iniciativa legislativa popular y que no se permitió abordar”, sostiene. “Muchas veces hay que saber cuál es la realidad de los centros educativos y creemos que el ruido distorsiona las reclamaciones reales de las familias y los docentes”, abunda.
Esta instrucción llega menos de una semana después de que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunciara la regulación del uso de los móviles en los centros educativos como una de sus medidas estrella en el debate sobre el estado de la comunidad, una celeridad que también ha sido cuestionada por el sindicato de profesores USTEA. “No nos cabe más que pensar que se trata de un señuelo de propaganda de la Consejería de Desarrollo Educativo para desviar la atención de los 40 millones previstos en los presupuestos para nuevos conciertos”, explica Ángel García, su responsable de comunicación federal.
En la misma línea que Delgado, para la representante de las Ampas andaluzas, más allá de las prohibiciones, el foco debe ponerse en la formación de las familias y de los profesores en el uso de las nuevas tecnologías en educación. “No podemos estar demonizando el uso de las nuevas tecnologías en las aulas por el mal uso que un alumno o una alumna haga de los dispositivos móviles”, opina Jiménez. En este sentido, la instrucción recoge que la Consejería “diseñará y ofertará a lo largo del segundo y tercer trimestre” de este curso escolar “programas formativos específicos sobre la educación en seguridad y privacidad digital” dirigidos a docentes y equipos directivos y “jornadas sobre el uso seguro y responsable de internet, dispositivos móviles y redes sociales de sus hijos e hijas”, destinados a las familias, una decisión que también es saludada por ADIAN. “Es importante tener en cuenta el dato de que más del 80% de los niños de 5º de Primaria tienen móvil, su mal uso condiciona los problemas que luego tienen en el lenguaje, en su conducta”, advierte Delgado.