La intención del Ministerio de Educación es que en septiembre esté lista su normativa de acreditación de las competencias digitales. A partir de ese momento, las comunidades autónomas tendrán un año para elaborar sus desarrollos propios. La idea es que antes de que termine el curso que viene se valide a los primeros profesores que ya cuenten con los méritos digitales suficientes.

Habrá seis niveles, similares a los del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: A1 y A2 para el estadio inicial; B1 y B2, para el intermedio; y C1 y C2 para el avanzado. No se puede forzar a los docentes a formarse, pero existe el compromiso con la Unión Europea de que antes de 2024-2025 se acrediten las competencias digitales al menos ese 80% de la plantilla docentes, para lo que se movilizará una partida de fondos europeos de 284,7 millones de euros, que se refleja en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Aprobar el A1 y el A2 no exigirá un gran esfuerzo. Bastará con haber superado cursos reconocidos por la Administración o hacer una prueba —aún por determinar— o validar las habilidades digitales demostradas en la carrera de Magisterio si coinciden en un 80% con las competencias requeridas por la consejería. “Con la acreditación buscamos reconocer el esfuerzo de los docentes, pero también queremos que sirva para que ellos sepan qué camino tienen que seguir para subir de nivel”, explica Julio Albalad, director del Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado del ministerio (INTEF).

En el nivel B, además de formación, ”tiene que haber una aplicación en clase”. “Por ejemplo, si se ha hecho un curso de protección de datos, se pide un ejercicio en el aula con los alumnos para demostrar la aplicación”, prosigue Albalad.

“En los niveles superiores, una persona tiene que validar [comprobar] en el aula lo que el profesor está haciendo. Lo que está aportando a la experimentación, a la innovación”, continúa Albalad. Este nivel C, vinculado a colaboraciones y a publicaciones, solo está pensado para perfiles muy específicos, como el responsable TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) de los centros educativos. “Ahora mismo no nos vamos a centrar en ellos, porque son muchos menos, pero sí que hay que articularlo”.

Los centros tienen hasta 2024 para establecer un plan, plasmado en un documento, en el que se reflejen los recursos TIC que hay en sus instalaciones y las competencias digitales de los profesores y sus alumnos.